Desde LEGAL SEVILLA, le ofrecemos una visión experta a lo largo de todo el proceso y la garantía de respeto a sus intereses económicos.
En cuanto a la elección del régimen económico matrimonial de una pareja, cabe recordar, que generalmente se realiza en el momento de la celebración del matrimonio a través del acuerdo de ambas partes, quedando éste reflejado en las capitulaciones matrimoniales. No obstante, es posible que la pareja no realice dichas capitulaciones, en cuyo caso se les aplicará el régimen económico matrimonial que se constate como supletorio en su ley civil común.
La disolución del régimen económico matrimonial se produce a través de la sentencia judicial firme de separación o divorcio, puesto que con ella se extingue la unión matrimonial que dio origen al mismo, momento a partir del cual podrán los ex cónyuges instar la liquidación de dicho régimen, con el fin de atribuir a cada uno la participación que les corresponda sobre los bienes comunes.
No obstante, en el caso de que se les aplique el régimen de separación de bienes, en principio, no será necesaria ninguna liquidación, puesto que los bienes no pasan a formar parte en ningún momento del fondo común.
Volviendo al supuesto en el que las relaciones patrimoniales de los cónyuges se encuentran sometidas al régimen de gananciales, cabe decir que será objeto de liquidación la masa común generada durante el matrimonio por los ingresos de ambos cónyuges.
Este proceso requiere realizar un inventario, una valoración y una posterior adjudicación de todos los bienes. Además será necesario extinguir las deudas o créditos que la sociedad de gananciales pudiera tener con terceros o con los cónyuges.
La liquidación puede hacerse coincidir con el momento en el que se solicita la separación o divorcio, o bien se puede dejar para un momento posterior.
Por último, se recomienda que la liquidación sea fruto del acuerdo de ambos cónyuges con el fin de evitar costes en términos de tiempo y dinero. En este sentido, desde LEGAL DIVORCIO, le ofrecemos una visión experta a lo largo de todo el proceso y la garantía de respeto a sus intereses económicos.
